Editorial / El País (Tarija) - Muchas veces hemos insistido sobre la importancia del control social. Lo hemos hecho principalmente a propósito de las obras públicas, pero también, en otras oportunidades hemos aludido a la necesidad de control social sobre la explotación de recursos naturales. El gas concretamente. Saber cuánto producen los yacimientos, a dónde va a dar esa producción, cuánto pagan por ella y quien administra esos recursos financieros y cómo lo hace, es algo que la sociedad debe saber, para así poder controlar si se están cumpliendo las leyes y las normas establecidas.
Para esto no hace falta crear otra institución oficial, porque eso significa crear más burocracia, que es la que en resumidas cuentas está devorando lo que generan el gas y otros recursos. Porque esas instituciones necesitarán también vigilancia, es decir, control social.
Sabemos que está en marcha un proyecto de ley para crear un instituto que estaría a cargo de “verificar la correcta transferencia de recursos económicos a favor del departamento por concepto de hidrocarburos y que la población tenga acceso a la misma”.
Se argumenta que hay necesidad de tener información de primera mano sobre los recursos naturales que son explotados en el departamento y las regalías que se generan por conceptos de los hidrocarburos.
Todo eso es evidente, pero para ponerle humor al asunto recordemos lo que alguien definió como “camello”: “Lo que resultó cuando a una comisión (puede ser un instituto) se le encomendó diseñar un caballo”.
Del control social debería ocuparse por ejemplo las organizaciones cívicas, sin ánimo de lucro. Pero eso sería si la la mayoría de esas organizaciones cívicas no estuvieran ya ocupadas de proyectarse al ejercicio político. Decimos mal, porque ojalá fuera el civismo trampolín para el ejercicio de la buena política. Es trampolín para practicar la politiquería. Y eso es rotundamente malo
El control social debe actuar tanto sobre la desviación social es decir el incumplimiento de las leyes, como sobre la anomía, o incumplimiento de las normas.
Recordemos que el nombre criollo de la anomía es “chicana”, que es una práctica muy arraigada en nuestro medio y no solo con relación a los juicios formales, sino relacionado casi que con cualquier actividad. Y contra la chicana, mejor que los comités o los institutos actuará sin duda el control social bien organizado.
A esta altura de desarrollo de la comunicabilidad (aunque no propiamente de la comunicación), la información puede fluir por muy diferentes medios. Lo han demostrado los movimientos sociales que sin ningún respaldo institucional pudieron enfrentarse con éxito nada menos que a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Seattle, los “indignados” europeos y los “ocupadores” estadounidenses.
O sea que la sociedad civil está cada día mejorando su capacidad para organizarse. Sabemos que sociedad civil es la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Ahí debe nacer el control social eficiente.
Para esto no hace falta crear otra institución oficial, porque eso significa crear más burocracia, que es la que en resumidas cuentas está devorando lo que generan el gas y otros recursos. Porque esas instituciones necesitarán también vigilancia, es decir, control social.
Sabemos que está en marcha un proyecto de ley para crear un instituto que estaría a cargo de “verificar la correcta transferencia de recursos económicos a favor del departamento por concepto de hidrocarburos y que la población tenga acceso a la misma”.
Se argumenta que hay necesidad de tener información de primera mano sobre los recursos naturales que son explotados en el departamento y las regalías que se generan por conceptos de los hidrocarburos.
Todo eso es evidente, pero para ponerle humor al asunto recordemos lo que alguien definió como “camello”: “Lo que resultó cuando a una comisión (puede ser un instituto) se le encomendó diseñar un caballo”.
Del control social debería ocuparse por ejemplo las organizaciones cívicas, sin ánimo de lucro. Pero eso sería si la la mayoría de esas organizaciones cívicas no estuvieran ya ocupadas de proyectarse al ejercicio político. Decimos mal, porque ojalá fuera el civismo trampolín para el ejercicio de la buena política. Es trampolín para practicar la politiquería. Y eso es rotundamente malo
El control social debe actuar tanto sobre la desviación social es decir el incumplimiento de las leyes, como sobre la anomía, o incumplimiento de las normas.
Recordemos que el nombre criollo de la anomía es “chicana”, que es una práctica muy arraigada en nuestro medio y no solo con relación a los juicios formales, sino relacionado casi que con cualquier actividad. Y contra la chicana, mejor que los comités o los institutos actuará sin duda el control social bien organizado.
A esta altura de desarrollo de la comunicabilidad (aunque no propiamente de la comunicación), la información puede fluir por muy diferentes medios. Lo han demostrado los movimientos sociales que sin ningún respaldo institucional pudieron enfrentarse con éxito nada menos que a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Seattle, los “indignados” europeos y los “ocupadores” estadounidenses.
O sea que la sociedad civil está cada día mejorando su capacidad para organizarse. Sabemos que sociedad civil es la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Ahí debe nacer el control social eficiente.
Para vigilar los hidrocarburos, las obras públicas y todo lo demás.
